61 organizaciones de la sociedad civil y defensores de derechos humanos alertan que la dictadura madurista impone la constitución de un grupo que, discrecionalmente, dictaminará culpables de crímenes de odio.

El exilio de Luisa Ortega ha facilitado el eco contra la dictadura en Venezuela. El régimen, tirano y represivo, vuelve a estar bajo la lupa por corrupción. Además en uno de los ámbitos más sensibles: la escasez de alimentos. Primera vez que el Presidente está salpicado por un caso de corrupción. El CLAP es reflejo de que a la revolución no le importa el pueblo. Antes lo sabíamos los venezolanos, ahora lo sabe el mundo. 

En una rueda de prensa con medios internacionales (de la que fue expulsado el equipo de Reuters por transmitir en vivo), el dictador se regocijó por el fraude constituyente como la “jugada perfecta”.

Martes, 22 Agosto 2017 00:00

De revolucionarios a delincuentes

De ser excelsa en su desempeño, Luisa Ortega paso inmediatamente no sólo a ser traidora del chavomadurismo, lo cual sin lugar a dudas sería una credencial de mérito, sino a ser una delincuente peligrosísima para la justicia y la moral venezolanas.

La OEA, Mercosur y el Grupo de Lima repudiaron el arbitrario anuncio de la fraudulenta constituyente de desconocer, una vez más, las atribuciones de la AN legítima.

La ANC fraudulenta acogió la propuesta del presidente del Tribunal Supremo de Justicia, servil a la dictadura, de aumentar a 50 años la pena de cárcel por homicidio, terrorismo y traición a la patria.

La Mesa de la Unidad Democrática (MUD), que acordó inscribir candidatos el pasado miércoles, aún sortea obstáculos, como la propia indecisión de sus partidos sobre participar de las regionales luego del fraude electoral del 30 de julio.

Partidos oficialistas tampoco han definido hasta ahora alianzas para candidaturas unitarias, las cuales no están descartadas. En Bolívar postularon a Pablo Guilarte para la Gobernación.

El reciente artilugio de la dictadura determinará, sobre las bases de la arbitrariedad, los culpables de las muertes de las protestas desde 1999 hasta hoy.

El gobierno de Donald Trump cumple su amenaza e impone sanciones a funcionarios vinculados directamente con la organización, instalación y funcionamiento de la fraudulenta Asamblea Constituyente. Adán Chávez, Francisco Ameliach, Carmen Meléndez, Darío Vivas, Hermann Escarrá figuran en la nueva lista. El Departamento del Tesoro acusa a Maduro y a quienes convalidan la Asamblea Constituyente de afianzar aún más su dictadura para continuar estrechando su control sobre el país.

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