Aunque hasta la noche del miércoles no se había cancelado la nueva reunión, durante el día voceros opositores expresaron su incomodidad por las declaraciones de voceros del régimen que asomaron que en los encuentros previos se delató al piloto rebelde y a su grupo.

Familiares no confirmaron si pudieron reconocer los cuerpos de los integrantes del movimiento liderado por el ex policía Oscar Pérez. La tía de este dijo no haberlo visto, aunque firmó la planilla en el que quedaría constancia de haber reconocido el cadáver de su sobrino, con la esperanza de que se lo entregaran. Los cuerpos están a la orden de un tribunal militar. La opacidad informativa apunta a que la dictadura busca ocultar evidencias de esta nueva masacre de la era madurista.

El ministro Néstor Reverol aseguró que fueron dirigentes políticos, de oposición, los que habrían dado información para la captura de Óscar Pérez, esto en el marco de la mesa de diálogo. Los asesores de la MUD desmientes los señalamientos, y advierten sobre los intereses de fondo por parte del Gobierno.

El tema electoral ha sido bandera entre las exigencias de la delegación opositora. El presidente Nicolás Maduro aseveró que este año habrá presidenciales, como corresponden constitucionalmente, pero a días de un nuevo encuentro, ocurre el asesinato de Oscar Pérez y otras seis personas, además de las amenazas contra obispos.

Durante la sesión de este martes, los diputados llamaron la atención de ONU; OMS y OPS sobre la necesidad de atención de comida y de medicinas que afecta a miles de venezolanos.

 Presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana acusa a Maduro de tergiversar las homilías de obispos de Lara al denunciar la corrupción.

El asesinato de siete personas, varias de ellas integrantes del grupo de disidencia armada liderado por el ex funcionario del Cicpc Oscar Pérez, y las turbiedades del caso no solo desnudan la flagrante violación de derechos humanos por parte del régimen de Maduro, sino que ratifica su desprecio por la disidencia e implementa de facto la pena de muerte. Por ello la ONG Cofavic exige una investigación independiente del caso mientras la Asamblea Nacional se compromete a descubrir la verdad.

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