Viernes, 13 Julio 2018 00:00

Gobierno desconoce fracaso gerencial en empresas básicas con régimen especial para reactivar la productividad

 
Valora este artículo
(0 votos)
El Ejecutivo asume que, en la actualidad, “situaciones” vinculadas a la guerra económica han “afectado” la producción de las estatales de metales El Ejecutivo asume que, en la actualidad, “situaciones” vinculadas a la guerra económica han “afectado” la producción de las estatales de metales Fotos William Urdaneta

En el decreto N° 41, publicado en la Gaceta Oficial N° 41.434, se desglosan las “más amplias facultades” que tendrá el ministro Tareck El Aissami en la gestión, organización y administración de las industrias del hierro, aluminio y acero. El decreto, indica el artículo 6, tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2018 y podrá ser prorrogable por un año más.

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

  barra 13aNaranja220

MÁS INFORMACIÓN

Pedro Maldonado es el nuevo presidente de la desmembrada CVG

barra 4naranja220

El Aissami reedita el “nuevo comienzo” y elevar a “máxima potencia” producción de las arruinadas empresas básicas

barra 4naranja220

Encomiendan a El Aissami y Ricardo Menéndez reestructuración de las empresas básicas

 

El Ejecutivo nacional publicó el decreto N° 41, en la Gaceta Oficial N° 41.434, que establece el régimen especial y transitorio para la gestión operativa y administrativa de la industria nacional del hierro, acero y aluminio, un sistema que fue anunciado hace una semana y que llega en una profunda crisis productiva de las estatales de metales que el Gobierno promete revertir por enésima vez. Esta vez, con una reestructuración.

El artículo 1 del decreto aclara que el régimen especial contempla la implementación de medidas dirigidas al incremento, mejoramiento y celeridad de las capacidades de gestión administrativa, financiera y operativa, “así como de los procesos productivos desarrollados por las entidades del sector público en la industria del hierro, acero y aluminio y actividades conexas”.

El decreto argumenta que, en la actualidad, “situaciones de índole económico y político vinculadas a la guerra económica” han generado “una afectación en los niveles de producción de las industrias básicas del país, y visto que la clase obrera, como sujeto social, tiene en sus manos el conocimiento requerido para poner en marcha los medios de producción en su participación directa en la gestión desde las entidades de trabajo públicas y privadas, se hace indispensable la adopción de medidas integrales que permitan impulsar la construcción de un nuevo modelo económico”.

El basamento del Ejecutivo desconoce que la crisis operativa en las industrias no es nueva. Estatales como la Siderúrgica del Orinoco Alfredo Maneiro (Sidor) registran un retroceso constante en su producción desde 2008, tras la estatización por orden del ex presidente Hugo Chávez, lo cual no es una “afectación” puntual sino un proceso de contracción progresiva, generado por la desinversión y la inexperiencia de las cabezas de las empresas. A la par, desconoce el fracaso de los ensayos de gestión obrera, que han estado viciados por la corrupción y la falta de transparencia en la toma de decisiones y el manejo de recursos.

Según el decreto, el objetivo del régimen especial es procurar la recuperación de índices adecuados de eficiencia “que permitan un armónico crecimiento de las fuerzas productivas, que garantice el acceso oportuno a bienes y servicios vinculados a estos sectores, en aras de generar un desarrollo económico sostenido de la industria nacional”.

En noviembre de 2017, un decreto presidencial adscribió la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) y 18 industrias a la Vicepresidencia de la República en aras de un “régimen especial para el incremento inmediato de su eficiencia”.

Entre las justificaciones que dieron pie al traspaso, la Presidencia de la República argumentaba que el Gobierno llevaba a cabo un plan integrado “para el aumento sostenido de las capacidades productivas de las empresas del sector público (…) con vista en niveles óptimos de eficiencia que aseguren el desarrollo acelerado del país y la disponibilidad de recursos para el mejoramiento del nivel de vida de los venezolanos en el corto plazo”.

En siete meses de traspaso no hubo aumentos de producción ni medidas que apuntaran a la eficiencia.

Las más amplias facultades de El Aissami

Las más amplias facultades que tendrá el ministro de Industrias y Producción Nacional, Tareck El Aissami, en la organización, gestión y administración de las estatales, incluyen: crear, suprimir o efectuar modificaciones a las entidades del sector público de la industria del hierro, acero y aluminio, y actividades conexas incluida la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) y sus empresas filiales, así como centralizar o descentralizar órganos de dirección, administración y gestión de dichas entidades.

  Industrias2
El régimen especial sobre las industrias de metales tendrá vigencia hasta diciembre de 2018, prorrogable por un año más
 

Asimismo, podrá fijar, suprimir, modificar, centralizar o descentralizar atribuciones, gestiones o procedimientos en algunas de las empresas, o efectuar su estandarización para un grupo de ellas, en materias de procura, contratación, planificación estratégica y comercialización.

Entre las competencias, está también establecer normas generales a las industrias del hierro, acero y aluminio; normas y procedimientos comunes de registro, inscripción, contratación y suspensión de clientes y proveedores; así como pautas y procedimientos especiales de contratación por categoría de productos, bienes o servicio, determinando cuáles de ellos podrán ser adquiridos usando la modalidad de consulta de precios o adjudicación directa, con base en sus características y especificidades.

Por último, El Aissami podrá ordenar la modificación de los estatutos sociales de la industria del hierro, acero y aluminio, y actividades conexas, sus manuales de procedimientos, normativa interna y demás instrumentos de gestión interna.

El decreto, indica el artículo 6, tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2018 y podrá ser prorrogable por un año más.

Visto 944 veces Modificado por última vez en Sábado, 14 Julio 2018 02:48

A partir del 4 de junio, y hasta que el Banco Central de Venezuela (BCV) lo determine, los precios deberán identificarse solamente...

Está previsto que el proyecto, cuya puesta en marcha estaba planteada para 2011, sea concluido a finales de 2018. ...

Persiste el descontrol en las zonas auríferas. “El Arco Minero como tal no existe. Lo que se hizo fue subirle el volumen a la...

Negocios del mercado de Chirica comercializan una res por semana en promedio. Sin embargo, admiten que la gente ya no compra un ki...

La preventa del criptoactivo inició este martes. Pese a las fallas del portal web en el proceso de registro de los interesados, Ma...